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Las Tic en otros paises

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INTRODUCCIÓN

Existen profundas desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares latinoamericanos que constituyen “el punto de partida”. Estas desigualdades se refieren a la denominada brecha digital, la que presenta dos dimensiones. Por una parte, la brecha internacional donde destaca el rezago latinoamericano respecto al avance de las TIC en los países más desarrollados. Por otra parte, las desigualdades al interior de los países latinoamericanos que están asociadas a nivel de ingresos, lugar de residencia y “ciclo de vida familiar”, entre otros factores.

LA TIC EN COSTA RICA

La Cámara de Tecnología de Información y Comunicación (CAMTIC) nació en 1998 y actualmente está integrada por cerca de 200 empresas. Juntas, conforman un bloque estratégico que busca fortalecer y apoyar al sector de las tecnologías digitales en Costa Rica.

Bajo el lema “Costa Rica: Verde e inteligente“, hoy CAMTIC representa la principal organización del sector de las tecnologías digitales y la única de Centroamérica que abarca todos los subsectores de las tecnologías digitales.

Su papel y liderazgo la han colocado en una posición estratégica, con puestos de representación en diversas organizaciones regionales de tecnología, incluyendo la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnologías de Información (ALETI), la Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia (FIAM) y la Alianza Mundial de Tecnologías de Información y Servicios (WITSA).

El papel que CAMTIC ha venido desarrollando en el sector de las tecnologías digitales le ha permitido ser un referente en la toma de decisiones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.

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Lo que ha logrado mediante actividades y acciones para:

Integrar y representar de manera efectiva los segmentos que conforman el sector de las tecnologías de la información y  comunicación.

Desarrollar mecanismos de vinculación con el sector público y privado responsables del desarrollo nacional.

Posicionar, promover y apoyar al sector de TD para que se convierta en un exitoso proveedor  internacional de bienes y servicios de valor agregado.

Representar al sector de TD de Costa Rica ante el Estado, proveedores y organismos internacionales.

Obtener posibles fuentes de financiamiento para fomento de proyectos de desarrollo.

Unificar los esfuerzos de exportación del sector de tecnologías digitales de Costa Rica.

Efectuar investigación de mercados locales o internacionales.

Capacitar a los asociados en el desarrollo de habilidades para los negocios.

Propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del sector de manera sostenible y competitiva.

Promover y estimular la innovación, la generación de propiedad intelectual y la creación de vinculación de alto valor agregado.

Apoyo a la conformación de clusters o consocios subsectoriales y/o de exportación.

Propiciar la adopción de planes y programas alineados con la responsabilidad social empresarial, enfocados en temas como la gestión y retención de recurso humano.

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LA TIC EN SANTO DOMINGO

Es la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana, institución con dependencia del Poder Ejecutivo, creada con la responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para implementar el Gobierno Electrónico en el país mediante la difusión y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un conjunto de herramientas de tecnología que facilitan el procesamiento y transmisión de información por medios electrónicos, como las siguientes: teléfonos, Internet, televisión interactiva, intranet, entre otros.

Reseña Histórica

En el año 2004 se identificó la necesidad de contar con un organismo de alto nivel gubernamental, debido a la prioridad y el firme propósito del Gobierno Dominicano en articular iniciativas sectoriales en el sentido de masificar en el país el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), buscando modernizar el Estado, aumentar la competitividad del sector productivo y socializar el acceso a la información. Siendo de interés muy particular fomentar, desarrollar y diseñar proyectos, políticas y estrategias que tiendan a democratizar el uso, acceso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y reducir la marcada brecha digital, que consiste en la diferencia de acceso al conocimiento, a la información y a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) entre personas con mayores oportunidades y aquellas que están desprovistas de medios y recursos para subsistir.

A raíz de esto, se proyectó la creación de un organismo encargado de coordinar las iniciativas y proyectos de desarrollo, amparado en las tecnologías de información y comunicación (TIC) de manera armónica y articulada acorde a los planes generales y estratégicos trazados por el Poder Ejecutivo, de crear el ambiente necesario para la competitividad, eficiente y transparentar el desempeño de la Administración Pública, así como de invertir en las áreas que propicien la participación de toda la ciudadanía. Sumado al interés como país de cumplir con los acuerdos suscritos con las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos del Milenio y erradicar la pobreza, y dar cumplimiento a acuerdos tales como la Declaración de Bávaro, la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información en su primera fase, en Ginebra, diciembre 2003, y en su segunda fase el Compromiso y Programa de Acción celebrado en Túnez, noviembre 2005.

Precisamente estas necesidades motivaron que el día 3 de Septiembre de 2004, mediante Decreto No. 1090-04, fuera creado la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), con dependencia directa del Poder Ejecutivo, autonomía financiera, estructural y funcional.

En el mismo orden este decreto adhiere a la OPTIC, las funciones del instituto Audiovisual de Informática (IADI), en la actualidad denominado Centro de Estudios de Tecnologías de la Información y Comunicación (CETIC) y de la Comisión Nacional de Informática (CNI), con la finalidad de integrar bajo un mismo seno las iniciativas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Gobierno Electrónico.

Además, mediante Decreto No. 212-05, se crea la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y Conocimiento (CNSIC), con la responsabilidad de elaborar, desarrollar y evaluar la Estrategia Nacional de la Sociedad de la Información, la formulación de políticas derivadas de dicha estrategia y la definición de iniciativas, programas y proyectos para su realización.

Otros Decretos han sido emitidos, No. 228-07 y No. 229-07, en miras de institucionalizar el desarrollo e implementación de la Agenda Nacional de Gobierno Electrónico. Estos Decretos establecen el Centro de Contacto Gubernamental y el instructivo de aplicación de Gobierno Electrónico respectivamente.

Funciones Principales que desempeña la Institución

  • Diseñar, proponer y definir las políticas, establecer los lineamientos y elaborar las estrategias, planes de acción y programas para promover, desarrollar y garantizar mayor acceso, conectividad e implantación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, con el fin de fomentar su uso, como soporte del crecimiento económico y competitividad hacia la sociedad de la información, gestionando los proyectos conforme a tales directrices; y que garanticen el acceso equitativo a los mercados al sector productivo como esfuerzo para la política de generación de empleo, para mejorar la calidad de vida, crear oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura y recreación, y otros.
  • Asesorar, realizar la planificación estratégica; formular, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las distintas instituciones de gobierno.
  • Propiciar y apoyar la creación de redes de cooperación entre el sector público, privado y sociedad civil para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa.
  • Realizar investigaciones y estudios, promover la transferencia de conocimientos, de información y de nuevas tecnologías a la sociedad y a la comunidad empresarial.
  • Comunicar y difundir el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la sociedad dominicana.
  • Formular políticas e implementar el proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la transformación y modernización del Estado hacia la sociedad de la información, promoviendo la integración de nuevas tecnologías, su compatibilidad, interoperabilidad y estandarización en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC).
  • Asistir a las instituciones gubernamentales centralizadas, autónomas y descentralizadas en la identificación de oportunidades de implantación de tecnologías de la información y comunicación, para la mejora y eficiencia de la función pública y en el diseño de proyectos de implantación identificados, sin perjuicio de la iniciativa que debe corresponder a cada entidad, buscando promover la adopción y uso de las tecnologías de la información y comunicación en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos.
  • Proponer políticas para difundir y promover la generación de una cultura de tecnología de la información y comunicación en el país.
  • Participar en los proyectos de desarrollo, innovación, implementación e integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), cualquiera que fuese su fuente de financiamiento, a fin de optimizar las inversiones en el ámbito del sector público.
  • Velar, asistir y supervisar en los aspectos y políticas relativas a la seguridad y privacidad de la información digitalizada y electrónica en el ámbito del sector público.
  • Coordinar, dar seguimiento y proponer ajustes y nuevos proyectos para la ejecución de la Agenda del Gobierno Electrónico.
  • Preparar y proponer el instructivo presidencial para la aplicación y desarrollo de la agenda de Gobierno Electrónico 2005-2008.
  • Proponer acciones y otros instructivos presidenciales que se entiendan necesarios en vías de garantizar la buena gestión y aprovechamiento de los recursos tecnológicos por parte del Gobierno y el país para insertarnos en la sociedad de la información.

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LA TIC EN CHILE

Los antecedentes considerados para caracterizar los estándares de formación inicial en TIC se recogen de dos fuentes: la propuesta de capacitación de Enlaces y los planes y programas de carreras de pedagogía, que mencionan la informática educativa como una línea de formación. En este ámbito, en 19 planes de estudio de 8 Universidades, se observa la presencia de la informática educativa en los siguientes contextos de desarrollo curricular:

  • asignaturas específicas dentro de la malla curricular;
  • elementos transversales en los cuales la tecnología aparece como un recurso;
  • perfiles del egresado que consideran los aspectos informáticos.

De acuerdo con la revisión efectuada, la totalidad de los programas analizados se focalizan en asignaturas relacionadas con la informática educativa. Para el análisis, los contenidos se organizaron en tres grupos: caracterización general (nombre, créditos, número de horas, pre-requisitos, etc.); metodología y forma de evaluación; objetivos y contenidos. Paralelamente, se analizaron los programas de formación docente diseñados por los centros zonales de Enlaces, entidades que se desarrollan en las universidades que forman parte de la red. Dicha capacitación está orientada a alfabetizar digitalmente a los docentes y a la integración de las tecnologías en sus prácticas docentes. De ella se analizaron los contenidos abordados en la capacitación, los objetivos propuestos y los aprendizajes que se espera desarrollar.

Legislación relevante para el sector de las TICs

Chile tiene una economía abierta. Sus derechos aduaneros son muy bajos y el país ha firmado muchos tratados de libre comercio con socios extranjeros. Chile tiene un tratado de libre comercio con la Unión

Europea desde 2003. Muchos ítems tienen 0% de arancel de comercialización, independientemente del país de origen; en particular, los computadores están liberados de arancel. El país también tiene una política de “cielos abiertos” con respecto a transporte aéreo.Chile tiene un sistema de identificación con un número único para cada persona llamado “R.U.T”. Este identificador se usa en todas las actividades que requieren identificación, incluyendo tarjetas nacionales de identidad, pasaportes, licencias de conducir y cuentas bancarias. Ya que esto puede tener impacto en la privacidad de las personas, el país tiene legislación referente a bases de datos privadas que contengan datos acerca de las personas. Las personas tienen el derecho a pedir la rectificación gratuita de datos incorrectos acerca de sí mismos.

En relación a la protección a la propiedad intelectual, la Ley Nº 17.336 del 2 de octubre de 1970 y sus modificaciones posteriores, regulan el derecho de autor en Chile. Esta ley protege los derechos sobre obras en dominios literarios, artísticos y científicos, tanto para autores chilenos como extranjeros domiciliados en Chile.

Hay también legislación sobre delitos específicos relativos a TICs. Así, la ley castiga delitos hechos sobre sistemas computacionales y redes. Además, las evidencias digitales son pruebas válidas en los juicios.

Actualmente Chile no cuenta con un Ministerio de TICs. Por lo tanto varias de las funciones en este ámbito son realizadas por otras agencias de Gobierno (por favor ver la sección siguiente).

El Gobierno tiene un programa para incrementar su eficiencia utilizando TICs. En este sentido, se han logrado importantes mejoras al proveer y aceptar documentos a través de la WWW; por ejemplo, casi todas las declaraciones anuales de impuestos son validadas en línea y enviadas electrónicamente por los contribuyentes. Esto reduce el costo y el tiempo de procesamiento de esta información.

También existe un programa para estandarizar y permitir interoperabilidad de la información gubernamental.

En enero de 2008 el Gobierno chileno promulgó la ley 20.241, que regula los incentivos tributarios a organizaciones privadas que inviertan en investigación y desarrollo. Así, el Gobierno trata de motivar al sector privado a invertir en I+D, como una manera de mejorar la competitividad del país.

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LA TIC EN ARGENTINA

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.

Por extensión, designan el sector de actividad económica.

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua” (Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan.

Hemos escuchado miles de definiciones y conceptos sobre este tipo de documentos y se ha debatido sobre su valor probatorio en la nueva era tecnológica. Es por eso que se me ha ocurrido explicar un poco sobre este tema y mostrar las diferentes concepciones que adoptan distintos países. Los documentos soportados en medios magnéticos no responden al concepto tradicional o restringido de documento manuscrito en soporte papel, sino al amplio. Por exclusión, entendemos que constituye un documento no electrónico aquel que es elaborado por las formas tradicionales, sean éstas manuales, mecanográficas, micro grabadas, microcopiadas o fotográficas.

Al hablarse de documentos informáticos o electrónicos se alude a casos en que el lenguaje magnético constituye la acreditación, materialización o documentación de una voluntad quizás ya expresada en las formas tradicionales, y en que la actividad de un computador o de una red sólo comprueban o consignan electrónica, digital o magnéticamente un hecho, una relación jurídica o una regulación de intereses preexistentes. Se caracterizan porque sólo pueden ser leídos o conocidos por el hombre gracias a la intervención de sistemas o dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales digitales.

El documento electrónico debe entenderse como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

Concepto en la Legislación de algunos Países

México: El documento electrónico o informático, se concibe como un medio de expresión de la voluntad con efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de la electrónica, informática y telemática.
Si analizamos la noción tradicional de documento referida al instrumento en el que queda plasmado un hecho que se exterioriza mediante signos materiales y permanentes del lenguaje, vemos como el documento electrónico cumple con los requisitos del documento en soporte de papel en el sentido de que contiene un mensaje (texto alfanumérico o diseño gráfico) en el lenguaje convencional (el de los bits) sobre soporte (cinta o disco), destinado a durar en el tiempo.

España: “Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de la garantías y requisitos exigidos por leyes.”
El documento electrónico es admisible en los países de sistema de libre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica para aquellos medios de prueba no excluidos en forma expresa en la ley, en este sentido, el juzgador le deberá atribuir los efectos y fuerza probatoria después de una adecuada valoración y comprobación de autenticidad.

Francia: “Los documentos emitidos, cualquiera sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que estas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación”.
Francia es uno de los países pioneros en este campo. La ley 80/525 del 12 de julio de 1980 introdujo un trascendente cambio en el artículo 1348 de su Código Civil. En efecto, desde ese momento se estableció que el documento electrónico tendría el mismo valor probatorio que el documento en soporte papel escrito y firmado, cuando cumpliera determinados requisitos que son la inalterabilidad y la durabilidad.
Son legislaciones que, con algunas fallas, se muestran avanzadas en cuanto al reconocimiento de la realidad que es palpable hoy y que lo era menos hace pocos años.

Chile: El concepto de “Documento Electrónico” es toda representación informática que da testimonio de un hecho. También sostienen que la “Firma digital” es el código informático que permite determinar la autenticidad de un documento electrónico y su integridad, impidiendo a su transmisor desconocer la autoría del mensaje en forma posterior. En este orden de cosas no está de agregar el concepto de “Firma Digital” que es una especie de firma electrónica que resulta de un proceso informático validado, implementado a través de un sistema criptográfico de claves públicas y privadas.

O.N.U: Finalmente es de destacar la actitud adoptada por las Naciones Unidas (a través de la UNCITRAL) quien, reconociendo las dificultades de que se llegue mediante la negociación a un acuerdo internacional sobre la materia, se ha decantado a favor de una rápida adecuación de las legislaciones de cada país como medida de carácter más pragmático. Es de señalar que este organismo ha emitido un valioso documento, titulado Legal Value of Computer Records, en el que se expresa que las normas o reglas concernientes a las pruebas relativas a documentos electrónicos (si bien dice registros de computadora) no deben suponer un obstáculo para el uso de las tecnologías emergentes tanto a nivel doméstico como internacional. Y señala que las normas redactadas por algunos países deben superar los problemas que genera el lenguaje empleado pues incorpora referencias culturales que todavía suponen un freno al desarrollo. Igualmente el esfuerzo de los diferentes países no es suficiente ni tiene la velocidad con la que se está desarrollando este fenómeno en la práctica. Este término, velocidad, ha adquirido una importancia fundamental por cuanto implica, en temas tecnológicos la adaptación al medio con ventaja sobre el resto, lo que trae aparejado, a escala mundial, una atracción de recursos, inversiones, capitales y sobre todo de actividad (Activación de la economía).

Conclusión

Se hace inevitable que las instituciones, especialmente las gubernamentales, tomen conciencia del retraso que pueden estar sufriendo las sociedades a las que sirven e inciden las acciones que estén dentro de sus posibilidades para que se implemente de forma ágil y diligente un nuevo marco de actuación que permita la utilización cotidiana de medios tecnológicos, especialmente, del documento electrónico. En tal sentido, los foros de discusión, centros de investigación, entidades públicas y privadas de los países, y especialmente los legisladores, tienen la obligación de generar un debate en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente en los que se ven más afectados, esto es, las empresas y el sector público. Este impulso es ineludible para colocar a cualquier país que pretenda un desarrollo sostenido en una situación de igualdad frente a otras naciones o regiones que ya tienen medio camino recorrido.

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